A un año de la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo 255, que reformula el marco normativo de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en el Ecuador, el Colegio de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador (COPSSTEC) desarrolló un estudio técnico nacional con el objetivo de evaluar su nivel real de implementación, cumplimiento y percepción desde la práctica profesional.
El estudio, liderado desde el ámbito técnico y académico, se basó en la aplicación de una encuesta estructurada a 402 profesionales del sistema preventivo, entre técnicos en SST, médicos ocupacionales, consultores, empleadores y representantes de organizaciones públicas y privadas de todo el país. Esta amplia participación permitió construir una radiografía objetiva del impacto inicial del Decreto 255 en los entornos laborales ecuatorianos.
Los resultados evidencian que, si bien existe un alto nivel de conocimiento normativo —cercano al 80 % de los encuestados—, la implementación efectiva del Decreto aún es parcial. Solo una cuarta parte de las organizaciones ha actualizado completamente su Sistema de Gestión de SST conforme a la nueva normativa, mientras que más de la mitad se encuentra en procesos de adecuación y un porcentaje relevante aún no ha iniciado acciones concretas.
Entre las principales dificultades identificadas destacan la evaluación de riesgos laborales, la carga de programas en plataformas institucionales, la conformación de comités de SST y la falta de herramientas técnicas oficiales que faciliten la aplicación homogénea del Decreto, especialmente en micro y pequeñas empresas.
Franz Guzmán Galarza
Asimismo, el estudio recoge una percepción ampliamente compartida sobre el incumplimiento de disposiciones estratégicas por parte del propio Estado, como la ausencia de una Política Nacional de SST, un Programa Nacional actualizado y plataformas funcionales de vigilancia de la salud ocupacional.
Un hallazgo relevante del estudio es el respaldo mayoritario a la implementación de auditorías externas acreditadas, bajo supervisión estatal, como mecanismo complementario de control. Esta posición refleja una madurez técnica del sector y una apertura hacia modelos de corresponsabilidad regulada que fortalezcan la cobertura y eficacia del sistema nacional de prevención, sin debilitar la rectoría pública.
Este estudio, desarrollado y publicado por el COPSSTEC, no solo aporta evidencia empírica sobre el estado real del Decreto Ejecutivo 255, sino que se constituye en un insumo técnico para la toma de decisiones, el ajuste de políticas públicas y el fortalecimiento del rol de los profesionales de SST en el país.
Sus resultados confirman que el Decreto 255 representa un avance normativo significativo, pero que su impacto transformador dependerá de una mayor articulación institucional, acompañamiento técnico y compromiso efectivo de todos los actores del sistema preventivo.